Claude Roulet a quien conocí gracias a sus mensajes en Twitter (@NoNegligencia), lleva veinte años pidiendo un mejor transporte para Quito. Inició su activismo a inicios del año 2000 cuando la ruta ilegal de Cumbayá a la Floresta comenzó a operar. En ese entonces él tomaba este servicio como usuario y sin mayor conciencia sobre la problemática, porque le ahorraba 40 minutos de tiempo para llegar a la Mariscal. Pero cada día veía los carros en mal estado, busetas con gente dentro más allá de la capacidad y la corrupción del sistema de control que tenía hasta un retén en Guápulo para cobrar coimas. Todo esto sumó para que iniciara sus reclamos formales ante la municipalidad. Son 20 años desde el pimer plan de movilidad de Quito y hoy el transporte público colapsa. ¿Por qué? Aquí la historia de Roulet.
Foto: Franklin Vega
De los valles a la ciudad: las rutas y buses ilegales de la Simón Bolívar
Gracias a su seguimiento y denuncias, en el año 2000 Roulet fue invitado por parte de la municipalidad al lanzamiento del Plan de Movilidad. Él recuerda su ingenuidad al pensar que algo mejoraría con esa planificación o las que siguieron, aunque no fue así. Para él era obvio que en ese tiempo las personas que se dedicaban al transporte no cumplían las normas de seguridad y a nadie parecía impórtale. Era un negocio fuera del marco legal que se mantenía bajo un sistema de mafias. El objetivo era llenar de gente los buses por encima de su capacidad y hacer dinero. Si alguien reclamaba o intentaba tomar fotos, los choferes y acompañantes se ponían agresivos. Era ya la alcaldía de Paco Moncayo (2000-2009).
Foto: cortesía Claude Roulet furgoneta que daba transporte entre Cumbayá y Guápulo (2006)
Para Roulet fue entre el 2000 y el 2005 cuando estas mafias del transporte se consolidaron. Estos servicios de transporte se originaron en el año 2000 por la demanda de rutas no atendidas por las cooperativas legales. Al ser rutas ilegales, estos buses eran víctimas de la corrupción. La falta de control del Estado perpetuó este esquema tramposo de pago de coimas para seguir operando en malas condiciones.
Luego de la ruta Cumbaya-Guápulo surgieron otros servicios ilegales en el Valle de Tumbaco para servir a los barrios periféricos. Buses viejos, casi chatarras que pasaban delante de la Policía Nacional, que en ese entonces tenían la competencia de tránsito. Así poco a poco, estos servicios de transporte ilegal se consolidaron en grupos organizados que controlaban las rutas, peleaban los territorios entre ellos y reclamaban poder. Pero a pesar de esto no se libraban de pagar coimas.
Mafia: Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos. Definición en la Real Academia Española
Tres de estas rutas se crearon a través de estas mafias en la Simón Bolívar: Guajaló/Chillogallo-Cumbayá, Carapungo-Cumbayá y Carapungo-Guajaló/Chillogallo. Estas rutas hoy en día son legales, pero no así muchos de los buses de estos circuitos que siguen operando sin placas. Buses, los cuales Roulet presume, aún permanecen bajo un esquema de extorsión.
Para Roulet estas rutas ejemplifican la inequidad en el transporte de Quito. Estos buses ilegales sirven a una demanda específica de personas que viven al sur y al norte de Quito, quienes brindan servicios a la clase media alta que vive en Cumbayá. En estos buses de color blanco y furgonetas se movilizan trabajadoras domésticas, jardineros, albañiles, entre otros y otras.
Captura de pantalla: cortesía Claude Roulet
La regularización de 341 buses de estas y otras rutas que operaban de forma ilegal fue propuesta en la ordenanza 128 del 2016. Daniela Chacón fue la signataria de esta ordenanza en la alcaldía de Mauricio Rodas. Jorge Yánez, ducho dirigente del transporte, afirmó en un Twitter en 2017 que esta ordenanza estaba en contra de la Constitución y favor de los intereses del sector ilegal. Es incierto que aconteció después, pero Yánez compareció ante la Comisión de Movilidad cuando el exconcejal Eddy Sánchez (Alianza País) presidía dicha comisión. El proceso de regularización se dilató, en tanto se discutía el alza de tarifa.
Según Roulet había muchas quejas y comentarios de las personas cuyos buses se encontraban en el proceso de regularización. Los comentarios eran que tenían que pagar ‘cuotas’ por seguir rodando y guardar sus ‘puestos’. Por lo que la legalización no era un buen negocio para quienes viven de esta forma de corrupción. El concejal Sánchez fue llamado en 2018 a comparecer por lavado de activos y condenado a inicios del 2021 a seis años de prisión por la Fiscalía.
Captura de pantalla: cortesía Claude Roulet
Guillermo Abad de justicia vial a Secretario de Movilidad de Jorge Yunda
En el 2018, Claude Roulet conoció a Guillermo Abad, en aquel entonces presidente del Observatorio Justicia Vial. Con él, Roulet tuvo varias reuniones en cafeterías de Quito, como la de Juan Valdez del Centro Comercial El Jardín. El principal tema de discusión entre Roulet y Abad era la situación de las rutas ilegales en la Simón Bolívar. En esas reuniones Guillermo Abad le prometió a Roulet que tomaría acciones para denunciar estas irregularidades e incluso ratificó su posición en mensajes directos en Twitter. En ese entonces Abad era un crítico de la Secretaría de Movilidad, pero a pesar de sus afirmaciones de que haría algo, nunca lo hizo.
En el mismo año (2018), Roulet presentó una denuncia ante el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí el director de Admisión mostró interés en avanzar con la denuncia, pero al poco tiempo fue cesado. Así, la denuncia de Roulet fue derivada a la Alcaldía para ser tramitada. En el periodo de Mauricio Rodas nunca se dio seguimiento ni respuesta a esta denuncia. Otras instancias del Estado como la Defensoría del Pueblo también pecaron de omisión ante las denuncias de Roulet “esto, por si mismo, es una historia para contar en otro momento”.
Para la sorpresa de Roulet, en el 2019 Guillermo Abad es designado como secretario de Movilidad en la Alcaldía de Jorge Yunda. Pocos días después un bus perdió los frenos en una cuesta del barrio Mena del Hierro. Roulet denunció en Twitter que este bus circulaba de manera ilegal, sin revisiones técnicas. A este mensaje Abad respondió de manera positiva e incluso prometió que actuaría con mano firme. Así, a raíz de este intercambio en Twitter se propició una reunión formal entre Roulet y Abad.
Captura de pantalla: cortesía Claude Roulet
El día de la reunión, además de Abad que llegó tarde, estaba su asesora y Johana Aguirre, quien fungía como directora de Gestión de Movilidad. El saludo de Abad recuerda Roulet fue eufórico, pero con condiciones. Estas condiciones incluían una serie de reuniones con diferentes instituciones que nunca se llevaron a cabo. Roulet seguía preguntando por Twitter y vía email porque no se cumple con la ley y con las normas mínimas de funcionamiento para evitar que buses como los de la Mena del Hierro sigan circulando. Estos buses eran bombas de tiempo. Ni Abad, ni Aguirre le respondieron.
Captura de pantalla: cortesía Claude Roulet
La deficiencia de acciones por parte de Guillermo Abad y su equipo, llevó a Roulet a realizar una acción ciudadana el 21 de noviembre de 2019. Ese día un bus ilegal que antes prestaba servicio en la ciudad de Salcedo, circulaba en el sector de El Ciclista por la avenida Simón Bolívar. En ese momento Roulet pidió a un agente de tránsito que controlara el estado legal del bus.
Un día antes, Roulet tuvo una reunión con Juan Manuel Aguirre, reciente director general de la Agencia Metropolitana de Transporte, quien le había asegurado que cualquier agente de Tránsito debería atender un pedido de control de estos buses que circulaban ilegalmente. Sin embargo, el agente no quiso controlar el bus, a pesar de la insistencia de Roulet.
“Donde manda capitán, no manda marinero”, respondió el ACT-1268 ante la pregunta de Roulet, “¿por qué no controla el bus si es ilegal?”
En vez de revisar los documentos del bus, el agente procedió a llamar a la Policía Nacional. En el intermedio de la llegada de la autoridad policial, el acompañante del chofer del bus ilegal comenzó a agredir a Roulet, robándole su cámara con la filmación de los acontecido. El ACT-1268 no hizo nada por defender a un ciudadano.
Tampoco Guillermo Abad y Juan Manuel Aguirre actuaron del lado de la justicia, todo lo contrario, según Roulet utilizaron una fotografía proporcionada por sus agresores para iniciar una campaña de difamación y defender el acto de vandalismo del que fue vítcima. Abad y Aguirre otrora defensores de las acciones legales de la movilidad, se convirtieron en los encubridores de una injusticia en contra de los derechos de Roulet.
Roulet estuvo una noche en el calabozo de la Unidad de Flagrancia con el acompañante del bus que le había quitado su cámara y otros delincuentes. Esta experiencia le motivó a escribir un hilo en Twitter sobre un proceso viciado por parte de las autoridades para detenerlo. La mañana siguiente el juez encargado de realizar la audiencia respectiva ordenó la inmediata liberación del Roulet por falta de pruebas y sustento.
Roulet regresó a la Fiscalía ese mismo día para atestiguar la audiencia del joven que le había quitado la cámara. El hermano del acusado se aproximó a Roulet pidiéndole que retirara la acusación y se siguiera un proceso de conciliación. Esto según Roulet fue una trampa, la conciliación, solo dilató la audiencia final por 75 días. ¿De quién era la jugada?
El día de la audiencia el juez desestimó el robo de la cámara por falta de pruebas, a pesar de que según Roulet existe el video que muestra claramente la agresión. Este video fue grabado en la cámara robada y es completamente legible. Lo que más sorprende a Roulet es que uno de los argumentos que usó la defensa del acompañante de bus que le había quitado su cámara, fue el hecho que él fuera extranjero. Esto está recopilado en la grabación de la audiencia.
La xenofobia es penada en el Ecuador como un acto de discriminación fuera y dentro de los juzgados. Este caso aún reposa en la Defensoría del Pueblo como una violación de los derechos humanos.
Corredor Central Norte, el ejemplo perfecto de la inoperancia municipal
El 27 de mayo del 2019 @Xavier_Camacho denunció en Twitter la contaminación del bus articulado de RM 2771 del Corredor Central Norte. En el video se podía ver una nube de hollín. El desconcierto en redes motivó a la AMT a realizar una inspección al articulado. En esta inspección los agentes comprobaron que la unidad no contaba con la revisión técnica vehicular. Estas revisiones son importantes porque ahí se prohíbe la circulación de vehículos que contaminan el aire o están en mal estado. Es decir, un vehículo que contamina no puede circular. Además, desde el inicio de su funcionamiento estos articulados no fueron matriculados, por lo que, tampoco contaban con placas.
Captura de pantalla: cortesía Claude Roulet
El Art. 160 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dice claramente que vehículos sin placas no pueden circular.
Producto de esta inspección los agentes de la AMT publicaron una foto de la citación con datos sobre el bus. Hasta ese momento no se podía consultar detalles de estos articulados debido a que no tienen placas. Entonces, con los números de importación y del chasis, Roulet pudo acceder por primera vez a los datos de este bus a través del sitio web de la AMT.
Él comprobó que la unidad denunciada y controlada no contaba con la revisión técnica vehicular desde el 2017, por lo que circulaba de forma ilegal. Además del hecho de no contar con permisos mostraba daños visibles: puertas que no funcionaban, rampas que no subían, asientos rotos, fuelles dañados, goteras etc., sin contar el estado de los frenos y otros desperfectos internos que solo se pueden analizar con un control mecánico.
Captura de pantalla: cortesía Claude Roulet
Así, con los primeros datos, Roulet comenzó a publicar uno a uno sus hallazgos en su cuenta en Twitter @NoNegligencia. Resulta que ninguno de estos buses articulados cumple con la revisión vehicular y por ende no cuentan con matrícula. Además, de la ausencia de revisiones, llamaba mucho la atención a seguidores y seguidoras de la cuenta de Twitter de Roulet la contaminación brutal de estas unidades. La gente comentaba y replicaba videos donde estos articulados del Corredor Central Norte en cada arranque dejaban estelas de humo gigantescas. Esta contaminación fue detallada en cada denuncia que hizo Roulet como un atentado a la salud de la población quiteña. Además de los ríos de aceite que dejan las unidades en el pavimento del corredor.
Fotos: cortesía Claude Roulet
Desde ese momento hasta la actualidad, Roulet tiene documentados los datos de 74 buses articulados que funcionaron en diferentes momentos de manera irregular en el corredor desde el año 2005. De éstos ahora no todos operan, pero 70 aparecen en el anexo del actual contrato de operación entre el Consorcio del Corredor Central Norte y la Secretaría de Movilidad. ¿Por qué aparecen unidades fantasmas que no operan en un contrato que cuenta con subvención? Es una pregunta sin resolver para Roulet.
Este contrato fue renovado el 30 de enero del 2019 a pesar de que ninguna de las unidades contaba con la revisión técnica vehicular, requisito esencial para esta renovación. Es decir, la Municipalidad pagó por un servicio que no cumplía con el contrato firmado, incluso por unidades fantasmas. Es más, sigue pagando con los impuestos de la ciudadanía un mal servicio que pone en riesgo a quienes se transportan en el. ¿Quién gana con esto? Es una pregunta para el presidente del Consorcio del Corredor Central Norte Jorge Espín, el gerente Ney Jiménez y el secretario que firmó el contrato, Alfredo León.
Art. 278.- Peculado.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años. Código Penal. Sección III. Delitos contra la eficiencia de la administración pública
Otro dato que intriga a Roulet sobre el Corredor Central Norte, es que solo ocho de los 74 articulados aparecen en el SRI. El resto refleja un “no existe”. Se puede suponer que nunca pagaron ni matrícula ni impuestos. En diciembre del 2020, los ochos buses que sí constaban en el SRI tenían una deuda de más de 13.500 dólares cada uno. Este dato sobre el SRI fue proporcionado por Roulet a Quito Honesto como parte de las varias denuncias que les presentó desde el 2006. Denuncias que no tienen seguimiento por esta unidad de control hasta la fecha
Captura de pantalla: cortesía Claude Roulet
Para su sorpresa, tres meses después de su denuncia a Quito Honesto, estos valores impagos habían desaparecido, aunque constaba que no se había realizado pago alguno. En noviembre del 2021, al revisar nuevamente el estado de los buses articulados en el SRI, apareció nuevamente una deuda de 12.000 dólares, es decir, 1.500 dólares menos que en el 2020. ¿Quién manipula estos datos? ¿Por qué aparecen y desaparecen valores?
Captura de pantalla: cortesía Claude Roulet
¡Hasta que por fin, una luz al final del humo!
A finales del 2021 las denuncias de Roulet surtieron efecto, son 16 buses articulados que fueron retenidos. Los choferes del Corredor Central Norte no están felices. En la última retención de la unidad 2764, alguien del grupo de los representantes del consorcio trató de atacar a Roulet, pero esta vez el agente de tránsito de la AMT sí impidió la agresión.
Para la retención de esta unidad se realizó un operativo con 16 agentes, dos mecánicos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte Público y seis vehículos. Esto se logró por el apoyo del Concejal Juan Manuel Carrión quien personalmente pidió que la Agencia Metropolitana de Transporte cumpla con su trabajo.
Fotos: cortesía Claude Roulet
Veinte y cuatro personas fueron necesarias para poder retirar al articulado debido a que aparecieron veinte personas cercanas al Corredor Central Norte y amenazaron a Roulet. Las amenazas fueron desde juicio penal; lo cual, no tiene sentido, hasta comentarios “por eso los matan, váyanse a su país”. Según versiones de un testigo, estas personas responsabilizaban a Roulet por la situación de estas unidades. En pocas palabras “niegue su inoperancia hasta la muerte” y culpen a quien les fiscaliza.
Queda claro que esta unidad se retuvo porque Roulet actuó y no porque la municipalidad cumpliera su rol de fiscalización. Este bus articulado tenía varios daños que fueron denunciados por otro ciudadano. El video publicado, mostraba entre otras cosas, que el bus circulaba con una de las puertas dañada y abierta con pasajeros y pasajeras en riesgo de caer.
El agente en este caso hizo su trabajo y detuvo al articulado, el cual, al ser apagado por el chofer no pudo arrancar nuevamente. El articulado no tenía la batería en buen funcionamiento, además de mostrar claramente afectaciones como piezas sujetas con alambre, el fuelle remendado, goteras del radiador, fugas de aceite y la lista podría seguir. Una fotografía tomada por Roulet muestra la parte de debajo de la unidad con serias afectaciones. Ocho horas duró la retención.
Fotos: cortesía Claude Roulet
Veinte años de mafias y corrupción en el transporte de Quito, no pueden ser escritas en un artículo de 3000 palabras. Así tampoco, este escrito puede describir todas las injusticias a las que Claude Roulet ha sido sometido por una serie de instituciones y funcionarios. Un sistema que busca tapar la verdad como se tapan los registros de los buses o los continuos accidentes con la patética frase de “Movilidad Digna”. Roulet es una de las pocas personas en la lista de valientes de Quito, ciudad en la cual vive desde hace más de 34 años y donde espera un día dejar su legado: un mejor transporte público para la gente.
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