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Foto del escritorElena Mejía

La planificación en Ecuador, la constante utopía de los PDOT


Tomado del artículo de la autora: De la planificación aislada a la integral: innovación y generación de conocimientos en las municipalidades de Manabí y Esmeraldas


Este artículo fue por primera vez publicado en el Blog de Grupo Vínculos en enero de 2020. pero se suma a la serie de artículos sobre ordenamiento territorial para la conservación Los ejercicios de planificación en Ecuador tienen varios años. Desde la década de los sesenta cuando se planificaba desde Quito la división de suelos amazónicos post-reforma agraria, para después pasar a los ochenta con intentos de planificación que cambiaban cada cuatro años según el presidente en turno. No es hasta el final del año 2008 que se esboza el primer instrumento general estándar de planificación para los municipios y prefecturas: el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Desde entonces este documento que se elabora por parte de los equipos de planificación de los Gobiernos locales, intenta brindar un diagnóstico del estado del territorio, definir las estrategias a tomarse para combatir los problemas abordados y dar a las autoridades un plan de acción que seguir durante cuatro años.

Foto: Parte urbana de Portoviejo, archivo personal A pesar de los enormes esfuerzos del personal técnico de las municipalidades y prefecturas, el PDOT aún dista de ser el documento de uso diario para la planificación. Muchos de estos documentos en la práctica son una "copia y pega" de un territorio al otro. En ese sentido, el instrumento se trabaja como un requisito para recibir los fondos estatales, pero carece de un sistema eficaz de monitoreo y evaluación. Es así que muy pocas veces se cumple o se diseña pensando en que será la base de la toma de decisiones de las autoridades de turno.

Foto: Trabajo con las municipalidades costeras para definir sus PDOT Si el PDOT se usara como base de la planificación territorial, sin importar las perfectibilidades que se podrían darle, otro sería el escenario a nivel de los territorios urbanos y rurales. Por ejemplo, los usos de suelo rurales se definirían a partir de los mapas de seguridad alimentaria y otros mapas agrícolas, solo después se podría pensar en la mancha urbana y por ende las estrategias para evitar su expansión. Al contrario, en la actualidad lo que se realiza es un ejercicio separado entre prefecturas y municipalidades, sin que ninguna de las dos instancias brinde un marco macro de acciones. En ese sentido, podría ser que por un lado, las inversiones de las prefecturas se destinan a impulsar el agro; en tanto que, los esfuerzos de las municipalidades pretenden convertir el suelo productivo en suelo residencial. O aún peor, convertir áreas de protección natural en suelos agrícolas o de construcción.

Foto: Esbozo de un mapa territorial para abordar los usos de suelo y sus cambios Es lamentable, pero la realidad es que no existe aún la fórmula perfecta para que la planificación territorial sea un ejercicio de impacto. Pero es indispensable. Muchos urbanistas insisten en magnificar su ejecución y hasta decir que es casi imposible su aplicación. No hay nada más lejos de la realidad. A partir de decir que no se puede, nos intentan vender modelos externos para ser aplicados in situ como el desgastado caso de Medellín y la muletilla única de Barcelona. Ecuador puede mirar esos ejemplos pero el modelo a seguir debe ser propio y libre de copias. Miremos un poco el caso de Portoviejo, en donde se aplica una planificación propia. En donde el PDOT de hecho sirve para la toma de decisiones. Perfecto, no, pero útil.

Foto: Evaluación de asentamientos humanos En mayo de 2020, Prefecturas y Municipalidades, deberán entregar sus ejercicios de PDOT. Estos pueden convertirse en una hoja de ruta técnica con la cual las autoridades pueden transformar sus territorios o pueden ser una vez más documentos para archivar. El PDOT es una oportunidad para trazar el futuro de los territorios. No es imposible de realizar, pero si debe trabajarse con conciencia para ayudar a las autoridades locales a tomar mejores decisiones sobre la inversión pública y a abrir espacios para que la inversión privada sea coherente a la vocación natural del uso de suelo, en especial si este es de conservación.

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