Lo que el oro separa, el agua junta
- Gabriela Verdezoto Landivar
- 7 feb
- 26 Min. de lectura
Actualizado: 10 feb
Nunca se imaginaron que iban a trabajar juntos: comuneros con finqueros, hoteleros con activistas ambientales, ricos con pobres, runas (indígenas) con mishus (mestizos). En Napo, el agua, o la falta de ella, unió a quienes de otra manera nunca se habrían ido a tomar una cerveza juntos. Esta es la historia de cómo los cambios ambientales están juntando a los diferentes.
Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón
Tanta sangre que se llevo el río, yo vengo a ofrecer mi corazón
Fito Páez
La mañana es húmeda, asfixiante, soleada, como casi todas las mañanas en Archidona, una ciudad amazónica del Ecuador.
“Una, pa´ morirse, na´ ma´ hay que estar viva”, dice la mujer que tiene un local que es a la vez cafetería, tienda y panadería. Vive en la provincia de Napo desde hace 30 años cuando dejó atrás su natal Esmeraldas. Mientras sirve los bolones de verde con chicharrón y café humeante ―uno de sus desayunos estrella― la mujer negra, guapa, grande, extrovertida, cuenta que hace unas semanas recibió una llamada en la que la querían “vacunar”. Le pedían 5.000 dólares para dejarle trabajar en su local. La mujer les dijo que no iba a pagar un centavo. Los vacunadores “creo que eran nuevos” dice la mujer, porque le hicieron una rebaja en la extorsión, de 5.000 dólares a 500 dólares. “Ahí me di cuenta que no sabían nada y les mandé al carajo. Esto no pasaba antes, esto es nuevo” dice la dueña de la panadería.
Archidona es un cantón de Napo que tiene 30.000 habitantes y cuya tasa de homicidios fue muy baja en 2024, con 3 muertes violentas de las 5.552 que se registraron en el Ecuador.
A un kilómetro de la cafetería se encuentra la sala de la Asociación Amupakin, donde se dará el segundo encuentro interprovincial Deteniendo el Biocidio minero en Napo organizado por Napo Ama La Vida, Napo Resiste, el Consejo de Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, la Fundación Yacu Warmis, Manos Unidas y la Fundación Maquita. Durante ocho horas hablarán de cómo llegar al Sumak Kawsay, un concepto filosófico kichwa andino que se resume en un buen vivir; y cómo fortalecer la gobernanza ambiental en medio de un conflicto social causado por la expansión minera en Napo que se duplicó entre 2022 y 2024: pasó de 1.118 a 2.024 hectáreas.
“Ratificamos nuestro derecho de resistencia” dice el abogado Andrés Rojas al iniciar el evento, luego de saludar en kichwa con las más de 30 personas que están sentadas frente a mesas de madera rectangulares, vestidas de blanco y que juntas forman una u. A pesar del sopor en el ambiente, el abogado habla cómodo con camisa blanca, gafas oscuras, jean negro y poca sonrisa. Entre los asistentes hay académicos, líderes indígenas, activistas que no quieren que se les llame activistas sino defensores de la naturaleza, hoteleros, presidentes parroquiales. Rojas lee un documento que firmarán al final de la tarde en forma de exhorto en el que pedirán a Jan Jarab Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) interceder para que el gobierno ecuatoriano declare la emergencia ambiental en Napo y suspenda todas las actividades mineras luego de comprobarse la afectación de varios ríos con mercurio, tierras ancestrales destruidas y comunidades amenazadas por grupos armados que han llegado a partir de la explotación indiscriminada de oro.
Después de Rojas habla Sandra Rueda, asambleísta por Napo, defensora de los derechos de la naturaleza y quien lleva varias acciones de protección contra el Estado ecuatoriano por no controlar la minería y los pasivos ambientales que la actividad deja. Festeja 26 detonaciones en el 2024, es decir, 26 máquinas retroexcavadoras destruidas, explotadas; festeja también la presentación de tres leyes contra el cambio climático y otro exhorto al presidente ecuatoriano Daniel Noboa ―y que el Parlamento aprobó por mayoría― pidiendo la declaratoria de emergencia ambiental en la Amazonía.
Dos indígenas escuchan con un silencio doloroso, sus dos lanzas firmes y bien agarradas por sus manos. Tres mujeres kichwas miran al horizonte que es el bosque espeso y verde que rodea la sala redonda de techo de paja, pilares de bambú y piso de cemento. El ambiente es parco, frío, del color del que parece que son las resistencias.
El 11 de noviembre de 2024 varias comunidades, organizaciones de defensa de derechos de la naturaleza, académicos y colectivos sociales de Napo firmaron un exhorto a la ONU en el que piden una comisión que investigue la vulneración sistemática de los ríos.
***
Pepe Moreno, presidente del Consejo de Defensores de Derechos de la Naturaleza, reza de memoria las cifras de la destrucción:
“Recordemos que en 104 días destruyeron la parte baja del río Jatunyaku entre dos mil mineros ilegales y se llevaron el oro equivalente a 700 millones de dólares. Como colectivo hicimos los cálculos de cuánto oro sale de nuestra provincia, esto puede llegar a 8 y 11 millones de dólares diarios, si sumamos los más grandes frentes mineros.”
Mientras Pepe habla, se proyectan detrás de él, fotos de dron del río destruido, luego una pierna con manchas rojas “Esto es una quemadura química que sufrió una niña, de la comunidad de Chontapunta, al entrar al río lleno de mercurio”, dice Pepe ya sin asombro, pero con una ira sostenida que ya es parte de su voz y que no ha cambiado en los últimos tres años.
“Ay, dios mío, ay dios mío, ay dios mío”, repite una de las mujeres indígenas de la comunidad de Capirona. El hombre sentado con la lanza en la mano, mira casi sin parpadear las fotos que siguen saliendo detrás de la espalda de Pepe.
“En estos últimos ocho meses se han destruido 32 kilómetros del río Punino, en esa zona ya se ha detectado la presencia de grupos irregulares como El Comando Sur, Los Lobos y mineros ilegales armados. Hemos avisado a las autoridades y no hacen nada ¿Dónde están esos millones de dólares diarios que salen de nuestra provincia?”. Se acabó el tiempo estimado Pepe, dice la mujer que hace de maestra de ceremonias. Los indígenas anotan cosas en unas libretas pequeñas y cuadriculadas que junto con un esfero azul estaban repartidas en todas las mesas.
Luego pasa al frente una mujer llamada Lidia y que se presenta como dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (Foin). Viste una blusa roja con escote cuadrado rodeado de cintas de colores. Lidia habla despacio, mientras las personas sentadas se secan el sudor. Explica el ciclo del mercurio que se utiliza en la minería para separar el oro de los restos de roca y que esa agua residual los mineros la descargan directamente a los ríos.
“El mercurio es veneno ¿Quiénes viven en el río? Sí, los peces. Los peces con los que nos alimentamos. Mal humor, encías enrojecidas, son algunos de los síntomas de tener mercurio en el cuerpo” dice Lidia mientras los organizadores del encuentro reparten empanadas de morocho en unas fundas de papel blanco con caritas felices verdes, rojas y azules.
“Nosotros realizamos la chicha con el agua del río. Lavamos la ropa. Se baña la mamita embarazada” dice Lidia mientras señala a una joven indígena embarazada. Y continúa con el público que escucha sorprendido mientras se pasa el ají para poner en las empanadas. Lidia baja el tono y enumera situaciones, susurrando, llevándonos como a una dulce pesadilla:
Ya no tenemos donde sembrar.
La contaminación de los ríos llega a los suelos y se nos dañan los productos.
No hay donde sembrar, ahora somos pobres.
Ya no hay agua en las comunidades.
Los ríos, ahora, son color chocolate ¿Cómo podemos traer turistas?
El territorio era nuestra farmacia
Nos estamos enfermando
Han aumentado los embarazos de menores de edad.
Los mineros se apropian del territorio y del cuerpo de las mujeres.
Las mujeres sentimos miedo, coraje, impotencia.
Un hombre en la mesa del frente, llora. Lidia termina con una pregunta
¿Haremos algún día una sopa de oro?
El silencio crece, se hace pesado. Vuelve el abogado Rojas a tomar la palabra intentando bajar la rabia instalada. Habla de derechos, hace un resumen de leyes, artículos. Inicia con la Declaración de los Derechos Humanos y sigue por la Constitución del Ecuador. Recalca que nunca en Napo se ha hecho la consulta previa, libre e informada que dice la ley que se debe hacer a la población antes de extraer los recursos de sus tierras. Explica la legislación ambiental como un niño explicaría el uso de un trompo. Si hicieran una prueba, ahorita, todos sacaríamos 10/10.
Luego, los participantes se enumeran del 1 al 6 y hacen grupos. Trabajan toda la tarde en preguntas que han traído los organizadores del evento y escriben las respuestas en cartulinas blancas y grandes.
Hacen una pausa para almorzar y de inmediato siguen con el trabajo. Alrededor de las tres de la tarde cada grupo hace un resumen.
Mientras esto pasa, Pepe, Sandra y Andrés conversan afuera de la sala. Ya me han escuchado como cincuenta veces, dice Pepe risueño, pero siempre es gratificante ver que de a poco las comunidades se van juntando y haciendo suyos los argumentos.
Andrés cuenta que la lucha es difícil porque hay comunidades indígenas aliadas con los mineros. Intenta dar una explicación: “esto se da porque están acostumbrados a la abundancia. No se preocupan de quedarse sin nada porque la Amazonía siempre les ha dado todo. Entonces, no se imaginan que la minería puede destruir sus tierras. Ellos creen que luego se recuperarán”.
No hay conciencia del final. Eso dice Andrés que es el problema.
Está por acabar la reunión. Fue una jornada larga. El calor no dio tregua un segundo. La impresora que llevaron, se para. Miran cómo arreglarlo. Luego piden poner los logos de todas las organizaciones que van a firmar el exhorto al delegado de las Naciones Unidas. Están listas las 3 hojas, se ponen en una mesa que está frente al escenario.
¿Está validado el proceso?, pregunta alguien. Sí, dice otra voz. Entonces ¿aplaudimos?, dice un tercero.
Existe una especie de nervios colectivos e invisibles, como de novios.
Una señora me dice al oído “El señor que está a su izquierda es prominero”
Ya poner la firma es otra cosa. Un indígena dice en broma que hay muchos “mishus” que significa colonos y mestizos en kichwa. “También les decimos “wuayra pamuscha” dice el hombre con picardía y explica la traducción: “caídos del viento”. Se ríe.
Al final, todos firman y se toman la foto.
De carteles de cartón a exhortos internacionales.
Pasaron de 10 a más de mil personas.
El colectivo que defiende los ríos en Napo tiene fecha de inicio: 2 de febrero de 2020.
Ese domingo a las diez de la mañana se reunieron, en el malecón de Tena, la capital de Napo, alrededor de diez personas, mirando el río, sin conocerse. Les juntó la alerta de una socialización irregular. El día anterior, la empresa minera Terraearth Resources había ido a una comunidad sin que hubiera autoridades. Les habían hecho firmar a los comuneros unas hojas sin explicarles qué firmaban y que resultó ser una aceptación de que la empresa minera trabaje en sus territorios.
Es ahí donde empieza todo el activismo aquí en Napo, dice Pepe Moreno mientras maneja su auto con Holger, el geógrafo de la organización Napo Ama La Vida, que va sentado atrás con sus equipos de cámaras y drones.
Yo había escuchado por allá por el 2017 que el 75% de la parroquia donde yo vivo estaba concesionada a diferentes proyectos mineros. Como en ese tiempo yo era el presidente de la comunidad, envié un oficio al gobernador de Napo pidiendo una reunión para explicar ese tema de las concesiones mineras. Había escuchado que una minera tenía más de 7 mil hectáreas que el Estado le había dado para minar. Pedí por varias veces reuniones con las autoridades para que nos digan qué significaba estar dentro de una concesión y qué podíamos hacer nosotros, como dueños de las tierras, en caso de un ingreso minero no aprobado, dice Pepe, contando cada detalle como si lo hubiese repasado de memoria todas las noches, todos estos años.
Esa reunión nunca se dio y Pepe terminó su mandato como presidente de su comunidad. Luego, en 2020 escuchó por algún vecino que iban a hacer una socialización del plan ambiental de la minera. Así que Pepe fue. Era sábado primero de febrero.
Llegó a la cancha de la comunidad de Nuevo Jerusalén y veo no más de 20 a 30 personas. Me llamó la atención que no había ni una sola autoridad como alcalde o gobernador, y que las personas de la empresa empezaran a pedir que firmen unos documentos a los asistentes, recuerda Pepe. Tiene bien guardados esos videos. Es como un hito de su lucha. Es como el archivo del día en que todo cambió para él y para todos los que comenzaron la resistencia por el agua.
¡Qué alce la mano quien quiere la minería aquí! dice la mujer que está grabando el video y la gente grita ¡no queremos la minería!
Pepe se levantó y pidió que se suspenda la sesión porque no estaba claro el objetivo de esa socialización.
Intentamos por todos los medios parar esa reunión, pero nada, dice Pepe sin dejar de mirar la carretera. Luego iba la minera a hacer lo mismo a otra comunidad. Pepe ya no fue, pero en la noche escribió una alerta en su perfil personal de Facebook.
Yesenia Hernández es arquitecta, estaba con un embarazo avanzado y también apoyaba las causas ambientales. Por avisos de amigos de los amigos, también llegó a esa socialización.
Me parecía terrible que la gente de la comunidad decía “no queremos minería” y los técnicos de la empresa seguían hablando, cuenta Yesenia por teléfono cinco años después de ese primero de febrero de 2020.
Imagínate, tenían a la entrada un paquete de 980 hojas que decían que era el estudio ex post ¿cachas? Era desesperante, yo les gritaba “no se dejen engañar”.
―Y, ¿qué es un estudio expost?
Es un informe que habla de los daños ambientales después de la explotación ¿cachas? Es decir, en ese informe dijeron que ya no había pájaros, que ya no había animales, entonces que era viable extraer el oro. Yo les decía “pero si vivimos en estas tierras y ¡todavía escuchamos los pájaros por las mañanas! Yo no sabía nada de nada de estos temas ambientales, pero por sentido común sentí que estaban pasando cosas malas, dice Yesenia con la voz entrecortada por la mala señal del WhatsApp porque llueve mucho en Tena.
Nosotros nos dimos cuenta que eso iba a pasar en todas las comunidades. Allá conocí a Pepe, quien hizo un video y compartió en la noche. Yo repliqué en mis redes y al día siguiente me dijeron que habían hecho un llamado para las 10 de la mañana en el malecón de Tena, recuerda Yesenia.
En este enlace el video de Pepe Moreno:
Ahí di a conocer que una empresa china tenía una adjudicación de 7.125 hectáreas y que estaban presentando el proceso de estudio de impacto ambiental a las comunidades sin autoridades presentes, sin representación de las comunidades, hasta hice un video, dice, por otro lado, Pepe.
Todos los actores, a pesar de la diferencia y la distancia, recuerdan esos días de manera casi o exactamente igual.
Eso fue el sábado primero de febrero en la noche. Yo posteé en mi Facebook y dije, bueno, hago la denuncia hoy en las redes sociales y mañana han de estar toditas las autoridades presentes. No pasó nada, cuenta Pepe.
Estamos en abril de 2024. Holger y Pepe van a volar los drones cerca de un río cuya comunidad les avisó que habían escuchado máquinas retroexcavadoras trabajando por las noches. Pepe y Holger suelen hacer esto al menos una vez al mes: recorren el territorio y tratan de registrar la expansión minera con drones.
Holger cuenta que a veces los mineros se dan cuenta e inhiben la señal. Esta parece ser una ocasión porque al poco tiempo de que el dron sale de una casa en la que nos instalamos, los activistas dicen que se está perdiendo la señal. La casa es de una pareja de adultos mayores que reciben a Pepe con mucho cariño. El perro intenta morder el dron cada vez que vuelve. Lo distraemos lanzando un palo de madera. La dueña de la casa cuenta con miedo que sí, que ha crecido la minería, que los ríos ya no son los de antes.
―Allá es, mira. Estoy encima y ya hay problema con la señal. Eso no es normal―dice Holger.
―Mira, están desfogando el material directamente al río― dice Pepe.
―Está muy bonita la imagen, pero no está buena la señal ¿Necesitas coordenar esto, donde están trabajando las máquinas? ―pregunta Holger
―No, no, eso ya lo vamos a ver― dice Pepe.
Siguen así, hablando cabeza con cabeza para alcanzar a ver la pantalla de la cámara en la que se mira el vuelo del dron.
―Con ese material tenemos para toda la semana, dice Pepe.
Desde ese primero de febrero de 2020 Pepe no ha dejado de compartir en redes sociales todo lo que sucede con la minería en la provincia. Sube fotos del dron, denuncias de comunidades, documentos públicos de los ministerios de Ambiente, de Minas, de la Agencia de Regulación Minera, videos que le mandan desde los sitios precisos donde están trabajando máquinas sin permiso. Últimamente ha recibido cada vez más fotos y videos de los muertos. De los que empiezan a aparecer por la extracción de oro descontrolada en la que ya existen peleas por el control del territorio entre grupos irregulares y mineros.
***
En esa reunión imprevista pero determinante que se dio en el malecón de Tena el domingo 2 de febrero de 2020, una decena de personas se organizaron para trabajar toda esa semana en “mesas técnicas” y hacer observaciones al estudio de impacto ambiental que la empresa minera Terraearth Resources había presentado en las comunidades de Yutzpupino el día anterior.
Para Yesenia esa reunión fue un llamado de la propia naturaleza.
Ese mismo domingo pusieron nombres a las mesas: la jurídica, la técnica, la de socialización y la de comunicación. Hicieron llamados a la comunidad por chats, por sus propias redes sociales y por teléfono.
Las diferencias entre mestizos e indígenas, entre hoteleros de lujo y guías turísticas nativos, entre líderes comunitarios y finqueros, entre familias adineradas y familias pobres, entre “progres” y “conservadores” entre activistas y abogados; se omitieron. El llamado fue improvisado y general “vengan a analizar y a aportar sobre un gran proyecto minero que afectará los ríos de Napo” Tuvimos muchísima gente infiltrada, dice Pepe. Muchísima y eso fue un problema. Pero también tuvimos muchas personas que de verdad querían ayudar, con decirte que logramos contar como con unos 35 abogados y un grupo variado de ornitólogos que ya la madrugada del lunes 3 de febrero salieron a hacer conteo de aves dentro de las zonas que estaban dentro de la concesión. Pepe lo recuerda todo, como que, una de las primeras estrategias, fue conectarse con la Foin “eso vino de mirar en los mapas que la mayor parte de las concesiones mineras iban a estar dentro de comunidades indígenas” dice Pepe con una emoción que cuatro años más tarde le hace seguir contando con síntomas de la adrenalina.
Los ornitólogos fueron claves porque dentro del estudio de impacto ambiental del Proyecto Tena (así se llama la concesión minera de 7.125 hectáreas) se decía que en la zona de explotación no había aves ni insectos porque supuestamente eran zonas intervenidas y contaminadas por hidrocarburos.
El otro grupo salió a las seis de la mañana con el Makanaki y el Tommy. Ellos fueron a visitar, a escondidas, los campos mineros y a grabar a los chinos que ya sin permisos estaban minando, sigue recordando Pepe.
Makanaki es un guía de rafting de la comunidad de Yani y Tommy es un checo que tiene una propiedad en la comunidad de Serena.
Con todos esos informes fueron levantando la información. Los abogados hacían los escritos con todas las observaciones y las faltas a la legislación ambiental que iban hallando en el plan de trabajo de la minera china.
Durante toda la semana trabajaron todas las mesas y hubo cambios en el informe hasta 15 minutos antes de la hora máxima de entrega. Firmaron todas las organizaciones, asociaciones, comunidades, abogados, académicos, técnicos y personas naturales que querían. Luego, se enviaron dos copias: una al Ministerio del Ambiente y otra al dueño del proyecto minero. Lo lograron el 5 de febrero de 2020.
Y ese mismo día, con las ínfulas de ese inmenso trabajo grupal, presentaron el primer manifiesto ciudadano exigiendo la suspensión inmediata de las actividades mineras en la Provincia de Napo. Esto no han logrado hasta ahora, a inicios del 2025. Sin embargo, el Proyecto Tena sí se paralizó por dos años. En diciembre de 2022 el Ministerio del Ambiente dio legalmente el permiso de operación a la minera Terraearth Resources en las 7.125 hectáreas de concesión. Pero, a esa fecha, ya se habían devastado centenas de hectáreas de bosque y la Universidad Amazónica de Ikiam ya había declarado la muerte de cuatro ríos napenses por tener 500 veces más metales de los permitidos entre bromo, cadmio, mercurio, plomo y otros.
Yo estaba ya de ocho meses de embarazo, recuerda Yesenia. Yo estuve en la parte de comunicación. Empecé a socializar el trabajo y buscar firmas para ese primer manifiesto. Quizá por la emoción, di a luz el 4 de febrero, es decir, no estuve en la presentación del informe de observaciones.
Los días siguientes a la entrega del informe que cuestionaba el plan ambiental de Terraearth Resources, comenzaron a hacer marchas antimineras que terminaban en las oficinas zonales del Ministerio de Ambiente. Entre los participantes estaba Eduardo Vayas, un hotelero reconocido de Tena. Él y su esposa iban levantando un cartón en el que escribieron Napo Ama La Vida. El colectivo improvisado ya se había llamado Napo Resiste, nombre puesto en la mesa técnica de comunicación coordinado por Yesenia Hernández y Leonardo Cerda. Napo Resiste sigue hasta hoy, pero, como en todas las organizaciones y más en las que nacen de esta manera casi explosiva, por temas internos, el grupo se dividió e hizo que se formara otra ala de activistas que se fueron con el nombre de Napo Ama La Vida.
Yesenia es joven y decidida. Anda en Tena en bicicleta con sus jeans rotos, su cabello rizado, sus camisetas negras. “No se dejen maltratar” es uno de sus mantras. Eso les gritó a unas comunidades que fueron a apoyar a Terraearth Resources el 23 de septiembre de 2022, cuando sus representantes chinos asistieron a una audiencia pública para pedir permiso de uso de agua del río Sinchuyacu.
Los colectivos Napo Resiste y Napo Ama La Vida fueron a esa audiencia para denunciar los atropellos de la minera. En la sala redonda y de techo de paja de las oficinas del Ministerio de Ambiente de Tena estaban, a la izquierda, los representantes chinos de la empresa y, a la derecha, los colectivos que defienden los derechos de la naturaleza. Afuera, traídos en buses por la minera, más de cincuenta personas de las comunidades de Santa Mónica y Shiwacocha sostenían pancartas que decían “apoyamos la minería”. Adentro, Yesenia, sentada, escuchaba las exposiciones de Pepe, de Andrés, de Sandra y gritaba “qué vergüenza” mirando a los mineros. Cuando se acabó la atropellada audiencia, Yesenia salió en su bicicleta y mientras unos hombres vestidos con mamelucos de jean les gritaban a las comunidades que se pongan en fila para salir a los buses, Yesenia les gritó “No se dejen maltratar”.
En febrero de ese mismo año, cuando explotó la noticia de que la minería ilegal había destruido un gran afluente del Napo y, por primera y única vez, el hecho acaparó a medios nacionales e internacionales, Yesenia era una de las voceras de los colectivos. Hablaba por teléfono cansada, repitiendo que la ciudadanía lo viene advirtiendo desde que vieron cuatro máquinas en las orillas del río Jatunyaku y que nadie hizo nada hasta que con helicópteros la ministra de gobierno de la época, Alexandra Vela, confirmó ante las cámaras que encontraron 148 retroexcavadoras dentro de lo cientos de cráteres de más de 10 metros de profundidad en lo que hasta hace 104 días atrás había sido un río. Yesenia dormía lo poco que permite un bebé de dos años. Turnaba la maternidad con la lucha y el activismo.
Esto ha sido un trabajo diario. Organizar un grupo tan grande exige manejar egos, miedos, personalidades y hasta tonos de voz, cuenta Yesenia. Yo, por ejemplo, en las marchas decía con la voz alta “! griten, este es el único momento que podemos protestar!” y me refería a que no podía creer que 300 personas en la calle principal de Napo camináramos en silencio. Ese ¡griten! Lo dije al calor de la marcha pero, algunas comunidades, lo tomaron mal. Se enojaron porque sintieron que les había gritado, dice, con honestidad, Yesenia.
Llegó la pandemia y eso nos debilitó como colectivos. No podíamos salir de la casa, pero sabíamos que las máquinas retroexcavadoras se paseaban por todo el territorio haciendo huecos para sacar oro, ahí fue que el Pepe se movió mucho en el territorio. Yo hacía lo mismo por mi lado. Dice Yesenia.
La Foin que era la base de la lucha porque manejaba a todas las comunidades indígenas se separó del colectivo. A veces si decían “¿por qué nos vamos a dejar mandar de estos mishus?” y eso ha sido todo un reto, trabajar con culturas diferentes y lograr entender que debemos juntarnos porque nos estamos enfrentando a un monstruo enorme como es el Estado, dice Yesenia. Recuerda que cuando las bases indígenas se separaron, decidieron ir con un colectivo de mujeres geógrafas, llamado Geografía Crítica, a mapear el territorio. El objetivo era pasar con la justificación técnica para volver a conversar con las comunidades.
Estaban llegando a la comunidad de Tuyano cuando se encontraron con decenas de indígenas con lanzas. Botaron árboles delante y detrás de los autos. Estuvieron secuestrados algunas horas.
Los militares que nos acompañaron, por “coincidencia”, tuvieron una avería del vehículo unos metros más atrás y no fueron detenidos, dice Yesenia. En nuestro auto, como íbamos tres mujeres, nos dejaron pasar, pero a Pepe y a Andrés hasta los golpearon. No ha sido fácil, dice Yesenia.
A eso, la activista de Napo Resiste también acota que dentro de las organizaciones han tenido discusiones, diferencias, peleas.
A veces, algunas comunidades decían que tal persona hablaba mal y aceptaban hablar conmigo, otras veces aceptaban hablar con otros compañeros, pero a mí no me podían ver. Este proceso ha hecho que internamente todos cambiemos, mejoremos y desarrollemos a tope la empatía, dice Yesenia.
Hemos tenido que forjar el carácter. Yo personalmente salía llorando al inicio cuando veía que en las audiencias los abogados del estado arman todo un discurso a favor de las mineras, ¡eso me desesperaba! Insiste la líder de Napo Resiste.
Actualmente, Yesenia tiene una cafetería en Tena, pero no le dan los permisos oficiales de funcionamiento. Un amigo que está dentro de una entidad pública le contó que habían sido claras las directrices para ese permiso “no se le debe dar porque anda metida en temas políticos”.
Creo que no está mal ser una persona que se interesa e interviene en la política. No está mal, repite Yesenia. Porque desde esos espacios también se pueden realizar acciones honestas y transparentes. A mí me duele que hemos dejado todo. Yo, hasta he sacrificado mi vida personal, la primera infancia de mi hijo para que, además, me tachen de tener intereses propios. Pero bueno, yo sigo la lucha justamente por mi hijo, por los niños, por las mujeres.
La riqueza de esta resistencia es la variedad, dijo Pepe en otra ocasión. Es el compromiso de cada miembro del colectivo. Te digo, la lucha se ha sostenido por todas esas donaciones voluntarias y sin condiciones de la gente del sector.
Pepe no se refiere a dinero, sino a tiempo. A que cada miembro da mucho de su tiempo para ir a reuniones, para hacer comunicados, para firmar denuncias, para dar entrevistas, para asistir a las marchas. Los hoteleros suelen dar estadía a personas que van a hacer seguimientos, investigaciones, estudios y que, de alguna manera, apoyarán al colectivo. Los abogados no cobran por asistir a las audiencias de denuncias ambientales. Las comunidades van a grabar actividades de minería ilegal, y mandan fotos, audios, coordenadas, notas de voz y documentos, a la gente que lidera los colectivos. Los dueños de camionetas, de taxis, ayudan con el transporte. Las oenegés también aportan con lo que pueden. Es un compromiso serio de todos, dice Pepe e insiste que todo eso significa una inversión colectiva.
Pepe es el que ha hecho un trabajo enorme, dijo Holger el día en el que fueron a volar drones a escondidas de los mineros para registrar lo que ellos insisten en llamar Biocidio. “Él es el que ha juntado a tanta gente, el que ha logrado llegar a ganarse la confianza de las comunidades, de los líderes, de los hoteleros. Aquí no hay persona que no conozca a Pepe” insistió Holger con una voz tímida.
Pepe es quien ha recorrido todo el territorio hablando, por poco de casa en casa, reconoció Andrés Rojas que también estuvo en el boulevard de Tena ese día de febrero de 2020. Él fue porque una amiga le había recomendado ir para que apoye, desde su conocimiento en leyes, la defensa del agua en Napo. Luego, Andrés fue Defensor del Pueblo de la provincia y desde allí apoyó la lucha.
Pepe acepta que ha recorrido la provincia varias veces. Que su aporte ha sido socializar el problema minero de pueblo en pueblo. Que por eso lo buscan. “Yo recibo la información y mantengo en secreto a todos mis informantes y nosotros hacemos el trabajo sucio”, dice Pepe y calcula que actualmente entre comuneros, infiltrados en instituciones públicas, académicos, activistas y sociedad civil, suman más de mil personas.
Por trabajo sucio se refiere a poner la cara. En eso lo apoya Andrés y Sandra Rueda, quienes son los rostros visibles de la lucha. Esto le ha costado a Pepe una denuncia por parte de una minera por “interrumpir en espacio privado” lo que le llevó a una condena de 3 años de prisión. Por suerte su nombre pudo ser incluido en una lista de 268 activistas, defensores de los derechos humanos y ciertos políticos a los que la Asamblea Nacional les dio amnistía el 10 de febrero de 2022.
Sin embargo, no se ha librado de las amenazas, de los mensajes agresivos en redes sociales, de la golpiza que le dio un grupo de mineros ilegales el 23 de marzo de 2023 a pesar de haber estado con pasamontañas registrando un operativo militar en el que habían bloqueado unas máquinas retroexcavadoras. Mientras le pegaban, los mineros ilegales le gritaban “déjanos trabajar, chucha”.
Un domingo de finales de ese mismo año, Pepe estaba en una hamaca, meciéndose mientras miraba una carrera del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz en su teléfono. Su esposa y su bebé jugaban en la sala abierta de su casa amazónica. Fue la única vez que se pudo ver al Pepe papá, al Pepe esposo. “Cada vez mi movilidad disminuye” dijo Pepe ese domingo y contó que antes salía mucho a bailar, a conversar con los amigos, pero que ahora debe cuidarse más. A Pepe le gusta mucho bailar.
A Sandra le gustan los bonsáis y los cactus. Ella creía que iba a trabajar hasta los 50 años para luego dedicarse a su casa, a su familia y a sus plantas. Esto lo dijo con suspiros en su oficina de la Asamblea Nacional el 16 de mayo de 2024.
Sandra Rueda es asambleísta por Napo. Es abogada y defendía las causas de los derechos de las mujeres lo que hizo que se sume a la Red de Mujeres Amazónicas y que dirigiera una casa de acogida de mujeres víctimas de violencia. Entre estas causas y aquellas, se fue acercando a temas ambientales hasta que la ubicaron de este colectivo que nació a orillas del río Tena en 2020. Terminó siendo la representante de los colectivos de Napo en la acción de protección que interpusieron al Estado ecuatoriano por no proteger los recursos forestales de la minería ilegal. La demanda la ganaron en primera y segunda instancia y el Estado fue declarado culpable de no haber controlado la minería ilegal. Los ministerios de ambiente, minas y la agencia de regulación minera debían presentar un plan de reforestación de los pasivos ambientales generados por la minería, además de un inventario de las concesiones y sus incumplimientos. Han pasado tres años de esa sentencia y el Estado no ha cumplido con nada.
Sandra fue presidenta del Consejo de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. También fue Defensora del Pueblo.
Como colectivo nos íbamos dando cuenta que no podíamos solo estar del lado de quienes gritan, de quienes denuncian, de quienes tiran piedras, de quienes hacen paros, porque al final no éramos nosotros los que tomábamos las decisiones. Podíamos tener la razón, pero no teníamos poder de decisión y ahí fue saliendo la idea de que debíamos activarnos desde lo político, dice con una claridad sorprendente, Andrés Rojas.
Fue ahí cuando analizaron entre los líderes del colectivo y, lanzaron a Sandra Rueda como candidata a la Asamblea Nacional. Ganó con la mayoría de votos de toda la provincia. Andrés Rojas pasó a ser su asesor.
Lo que me gusta del colectivo es que nadie depende del otro para hacer sus actividades, sin embargo, cuando hay una alerta que se necesita activar, caemos todos. Esto dice Andrés Rojas mientras está en la tribuna alta de la Asamblea Nacional. Es 14 de junio de 2024. Sandra Rueda propuso al Pleno emitir un exhorto al presidente de la República para que declare en emergencia la Amazonia en los sectores de educación, salud, trabajo, vialidad, y medio ambiente. La moción fue aprobada por la mayoría parlamentaria.
Hormigas de troya
Ese 14 de junio de 2024, todos los representantes de los colectivos de Napo estuvieron desde las ocho de la mañana en Quito para apoyar desde las barras a quienes iban a participar en el debate legislativo de la sesión 933 para argumentar porqué es necesario el exhorto presidencial para que se declare a la Amazonía en emergencia.
El orden del día decía que los amazónicos iban a hablar a las 10 de la mañana. Todos viajaron de madrugada, desde los diferentes cantones amazónicos hasta la Capital para estar puntuales. Se cambió el orden del día varias veces y a las 3 de la tarde pudieron presentarse ante el Pleno.
Primero habló Pepe Moreno. Tiene cinco minutos le dijo el Secretario de la Asamblea Nacional. Dijo todo lo que ha dicho en las comunidades, en radio, televisión, audiencias, conversaciones entre amigos, en asambleas comunitarias y donde ha podido decirlo durante estos cinco años. Pidió pasar en pantalla gigante los videos que hizo con el dron de Holger dos días antes y en el que se ve solo devastación. “La mayoría de concesiones mineras en Napo están siendo operadas sin contar con licencias ambientales y se saca un promedio de 7 a 14 millones de dólares de oro en un día” enfatizó Pepe.
Gracias, se terminó su tiempo, dice el Secretario.
En las barras, aplauden.
¿Qué pasa con los entes reguladores del estado? Pregunta Leonardo Cerda a una sala de asambleístas distraídos, y él mismo responde: Son los propios funcionarios los que están dando permiso para que saquen oro, por eso no se hacen los controles necesarios.
Hace una semana existió una denuncia de violación a una niña por parte de un funcionario de una empresa minera a la que el Estado le otorgó una concesión minera ¿Qué está pasando? Insistió Cerda. Los asambleístas no se inmutan ni con datos escandalosos como que menos del 40% de las poblaciones amazónicas cuentan con acceso al agua limpia.
Se agradece la presencia del señor Leonardo Cerda Tapuy. Se recuerda que el tiempo es de cinco minutos. Invitamos a pasar a Elsa Cerda, dice el Secretario.
"Me llamo Elsa Cerda y vengo en representación de la guardia indígena Yuturi Warmi, las primeras mujeres guardianas de nuestro territorio. Queremos que ustedes, señores asambleístas, escuchen el grito, el dolor de las mujeres amazónicas, de las mujeres que trabajamos en las chacras, de las mujeres que conocemos las plantas medicinales. Nos han amenazado. A nuestro pueblo está llegando la prostitución, el alcoholismo. Nos están matando, están matando nuestros ríos. Cuando tenía seis años yo corría y jugaba en el río, ahora tengo miedo que mi hija o hijo se acerquen al agua porque está contaminada de mercurio".
Se agradece la presencia de la señora Elsa Cerda Andi y se invita a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional a la señorita María José Andrade Cerda, miembro de la Confeniae (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana).
Buenas tardes, nuevamente. Espero que al menos cinco minutos de su tiempo sea dedicado a la Amazonía ecuatoriana, que ahora está en emergencia.
Soy dirigente de Economía y Desarrollo Comunitario de la Confenaie, la organización indígena más grande de la Amazonía ecuatoriana. Y les estoy pidiendo que escuchen, porque hemos tenido que llegar hasta acá para que ustedes nos abran este poder legislativo para poder así trabajar en conjunto.
Es hora de que nos escuchen. Es bastante gracioso tener que venir yo, una mujer joven que tuvo que ver cómo la minería y el petróleo empezaron a devastar la Amazonía. Y, les pido nuevamente que me vean a mí, no a sus teléfonos, a esos asambleístas que están por lo menos aquí después de que se les dio media hora para que vayan a comer.
El pueblo también tiene hambre y ustedes no son capaces de venir a sentarse aquí adelante a escuchar. Solo les pedimos una cosa, que actúen en favor del pueblo, actúen en favor de nosotras las mujeres indígenas, las jóvenes, que muy pocas vamos a poder salir así adelante, porque no hay buena educación, porque nos están criminalizando, porque están violando nuestros cuerpos. Al violar nuestros territorios, violan nuestros cuerpos también como mujeres indígenas.
Se habla de un nuevo Ecuador, pero hagan un favor y vayan a las comunidades. Muchos de los asambleístas acá no sé si conocen la Amazonía y si solo han ido de paseo, porque van a lugares bonitos, a lugares que nosotros, los pueblos indígenas, hemos cuidado.
Dejémonos de cosas. En la Amazonía estamos lidiando muchas batallas. Nos quieren dividir, quieren hacer de menos a nuestras mujeres y sobre todo quieren hacer de menos nuestros derechos y nuestros conocimientos.
Es hora de que ustedes entiendan que este país es plurinacional, multiétnico y diverso. Este día ustedes pueden cambiar la realidad que tenemos. Y espero que ahora sí me estén escuchando, porque toca alzar la voz.
Se agradece la presencia de la señorita María José Andrade Cerda, miembro de la Confenaie. Hasta ahí las intervenciones de la Comisión General, señorita presidenta. Se cierra la Comisión General. Retomamos la sesión. Se abre el debate, dijo el Secretario.
Al final, en horas de la tarde, por unanimidad, el Pleno resolvió exhortar al presidente Daniel Noboa a declarar en emergencia a la Amazonía en los sectores de educación, salud, empleo, vialidad, seguridad y medioambiente.
La mayoría de los representantes de los colectivos de Napo se encontraron el 14 de junio de 2024 en la solicitud de exhorto que la Asamblea envió al Presidente Daniel Noboa para que se declare la emergencia ambiental en la Amazonía. El exhorto no surtió ningún efecto
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Esa mañana de 2024, mientras Holger guardaba los equipos de dron, comprobando que la minería ilegal sigue sin control, evitando que el perro de esa humilde casita muerda sus equipos; dijo algo que hace eco: “después de tanta lucha, al final casi no hemos logrado nada. Hemos ganado todo y no hemos ganado nada”.
Pepe lo despertó de esa desesperanza, “vamos, porque a las dos de la tarde hay una rueda de prensa por una acción de protección que Eduardo Vayas puso al Municipio por permitir que se venda licor sin control en el malecón”.
Este especial se realizó gracias a la beca colaborAcción de investigación periodística 2024, entregada por la Fundación Gabo y Fundación Avina
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