Escribo esta nota una vez que mi indignación ha descendido lo suficiente como para no seguir tecleando #AsambleistasAleteros, que es lo único que podía hacer el jueves 2 de septiembre pasado, cuando el pleno de la Asamblea Nacional votó el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (CODA) y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Captura de pantalla de la sesión Nro 723 del pleno de la Asamblea Nacional.
Algo no olía bien en la Asamblea Nacional. La víspera, el miércoles 1, los asesores de las bancadas Pachakutik, UNES, Izquierda Democrática, CREO buscaban entender de qué iba el proyecto de reforma al Código Orgánico del Ambiente, específicamente en la parte de la moratoria temporal para la comercialización de tiburones, rayas y sus partes como sus aletas. Si el primer debate les sorprendió, la resaca del segundo no se analizó. Una muestra más de la desconexión de algunos partidos y movimientos con lo que la gente y la naturaleza necesitan.
Los análisis y las negociaciones fueron hasta la medianoche del miércoles. A esa hora enviaron un mensaje de Whatsapp que marcaba el futuro cercano de los tiburones.
Quien definirá la postura de UNES de la reforma es Marcela Aguiñaga. Ella se impone y Andres trata, dijo la fuente es confiable; así que, lo di por hecho.
Al leer eso, una sensación de acidez se instaló en mi garganta, una vez más los intereses de los exportadores de aletas y cuerpos de tiburón se imponen, tal como en el Decreto 486 que permite la comercialización de la pesca incidental de tiburones. Ese decreto salió de la Subsecretaría de Pesca, en el 2007, cuando Aguiñaga era su titular y que lo firmó Rafael Correa.
En la tarde de ese día, el miércoles 1, un asesor cercano a Pachakutik también reconoció que no lograron consenso, “se pedirá que se vote artículo por artículo”. No logré saber qué pasó con los asambleístas de la Izquierda Democrática ni con CREO ni de los independientes. Del Partido Social Cristiano sabía que desde 1996 se han opuesto a cualquier intento de controlar la pesca; por el contrario, en los últimos 14 años han logrado incrementar sus barcos y duplicar sus empacadoras, fábricas y camaroneras.
Hasta la víspera de la votación, pensaba que sería una contienda política de nivel, aunque al redactar estas líneas creo que pequé de ingenuo, por un momento pensé que los asambleístas animalistas y otros bien informados expondrían los argumentos para que la Asamblea fiscalice, considerando todos los hechos, y obligue al Gobierno a poner controles a la pesca de tiburones, que de incidental solo tiene el nombre.
El jueves 2, el día de la votación, con casi una hora de retraso empezó la reunión para analizar el Informe para segundo debate. Mientras esperaba, pegado a la pantalla, con el canal de la Asamblea y el ojo en las redes sociales, los jefes de las diferentes bancadas estaban reunidos en la oficina de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.
Más tarde, confirmé que acordaban cómo eliminar la transitoria cuarta, del proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente, la que planteaba una moratoria temporal para la comercialización de la pesca incidental de tiburones y sus partes.
Con la espera, repasé como desde abril he publicado varias notas que muestran las cifras de la masacre de más de 200.000 tiburones cada año. Estas cifras, según los cálculos de Alex Hearn, quien lleva más de 20 años estudiando a los escualos y sus movimientos. Cifras que posicionan al Ecuador como el tercer exportador mundial de aletas de tiburón y como las cifras de la pesca "incidental" no cuadran; lo cual, fue demostrado cuando en un solo cargamento decomisado en Hong Kong, en mayo del 2020, encontró 38.500 tiburones de especies protegidas.
El contrabando de aletas de tiburón obedece a una estructura criminal que se ha enraizado en el Ecuador y que tiene redes estructuradas en Perú, Hong Kong y China. Por el volumen de aletas exportadas, se necesitan grandes secaderos o instalaciones industriales. ¿Dónde están esas facilidades? ¿Tienen las autorizaciones? Preguntas que las autoridades no quieren responder. Siempre que escribo sobre tráfico de vida silvestre aparecen los nexos con otros negocios turbios. Y este debería ser un argumento suficiente para prohibir su comercialización.
El freno a la matanza de tiburones es justa y necesaria, hasta que se realicen controles que sirvan, que la información de las rutas de los barcos palangreros sea pública y que se apliquen sanciones
Entre tantas dudas se inició la sesión más silenciosa del pleno que, siguiendo un guión sumario donde nadie dijo nada, al final se votó de manera apresuradas y sin que nadie entendiera que había pasado y por qué. ¿Por qué la Asamblea Nacional votaría por manterner un negocio tan cuestionado?
En la primera parte se escucharon varias intervenciones de animalistas, investigadores e investigadoras . Me centraré en la de César Ipienza Peralta, abogado ambientalista del Perú, quien ha investigado el tráfico de vida silvestre y en especial el contrabando de aletas de tiburón entre Ecuador y Perú. Para quienes no lo vieron, en el enlace al final de este párrafo, está su presentación.
“Ante el control de la Fiscalía de Perú, los traficantes han cambiado de rutas, ahora van desde la Sierra” César Ipenza
Escucho a Ipienza y todo ese trabajo no se puede realizar por la falta de cooperación desde el lado ecuatoriano. Una muestra: no hay resultados para el caso de las 26 toneladas de aletas de tiburón exportadas a Hong Kong, en el 2020, como pescado seco.
Luego de las exposiciones, Washington Varela, presidente de la Comisión de Biodiversidad, fue el nuevo ponente de las reformas al Código Ambiental. Varela remplazó a la Asambleista Gissela Molina quien decistió de presentar las reformas porque la Comision de Biodiversidad se negó a archivar el Código Ambiental. Tenía la esperanza que sustentaría el pedido y que había cambiado su pasado “depredador”, pero no. Planteó una moción con la destreza de un viejo político para diluir del proyecto la propuesta de moratoria temporal para la comercialización de tiburones, rayas y sus partes (aletas).
Varela planteó tres mociones que confundieron a más de una persona y asambleista:
Moción uno: se votaría para dividir el proyecto en dos bloques. El primero que contenía todas las reformas menos la transitoria cuarta (la de la moratoria a los tiburones). El segundo que contenía el texto final de la transitoria cuarta.
Moción dos: se votaría para aprobar todo el texto final excluyendo la transitoria cuarta.
Moción tres: se votaría para aprobar la transitoria cuarta
Así con este plan en mente empezaron las votaciones. Primera moción. 116 asambleístas aprueban con 18 abstenciones para dividir el proyecto. Así esta moción fue aprobada.
Segunda Moción. Como era de esperarse, el acuerdo entre Pachakutik y UNES se mantuvo, 117 a favor, 20 abstenciones. Es decir se aprobaron las reformas al COOTAD y al Código del Ambiente. Lo cual, fue una jugada brillante por parte de Varela quien consiguió aprobar las demandas de los colectivos animalistas sobre importación de jirafas y animales de compañía, pero dejó fuera a los tiburones que era el tema coyuntural. Con esto se demostró que las bancadas sí pueden llegar a acuerdos en el tema ambiental, pero que los intereses en las aletas eran más grandes. De todas formas, me alegré porque si el Presidente no lo veta, ya no podrán importar más jirafas para que mueran en Loja con soroche ni traerán los hipopótamos que quieren a Guayaquil.
Captura de pantalla del video de la votación de los asambleístas sobre la moratoria temporal para la comercialización de tiburones y rayas o sus partes. Dos asambleístas a favor, seis en contra y 127 abstenciones.
Tercera moción. Luego se votó para aprobar la transitoria cuarta, es decir la moratoria temporal para la comercialización de tiburones, rayas y sus partes, como las codiciadas aletas de tiburón. La votación fue decepcionante, dos votos a favor. Uno de Fernando Villavicencio y otro de alguien más. Cuatro negativos y 127 abstenciones. Otra vez Villavicencio marcando la dirección opuesta a donde camina el resto de asambleístas.
En total, seis asambleístas (dos a favor y cuatro en contra) dan la cara; el resto se esconde. El nivel de decepción, para mi, llegó al máximo. No porque no aprueben una moratoria que está justificada técnica y políticamente, si no porque tenemos asambleístas que no se responsabilizan de sus actos y se escudan absteniéndose.
¿Qué significa que se abstengan? Jurídicamente sería la versión de “yo no fui, fue teté”, pero para la gente del Ecuador no fue algo chistoso y esa votación tenía mucho valor. Como se ve en redes sociales, le costó caro a la Asamblea, hasta que la misma presidenta, Guadalupe Llori, emitió el domingo un trino pidiendo que no se desinforme. Las reacción en redes al comunicado de Llori fueron negativas y suman cuestionamientos a una Asamblea con poca popularidad y con varios frentes abiertos. Basta con revisar la grabación de la sesión número 723 del Pleno en este enlace, para ver qué pasó en la Asamblea y ver quien desinforma. Estaba claro que el cabildeo de los pescadores industriales y los contrabandistas de aletas cobró fuerza.
Captura de pantalla del trino de Guadalupe Llori de su cuenta de Twitter.
Aunque no fue una votación Varela tomó la palabra y terminó de matar la moratoria, con una moción de reforma que quitaba las palabras TIBURONES y RAYAS del texto original de la transitoria cuarta. El texto quedó así: “se dispone la prohibición de la comercialización de ejemplares partes o derivados de especies en peligro de extinción…”
Como era de esperarse, los asambleístas votaron: 40 afirmativos, 2 negativos y 95 abstenciones. Es decir, ni esta versión descafeinada pasó. Hasta ese punto no entendía el alcance del acuerdo y me quedaba en la mente la lectura del boletín de prensa sobre la reunión que Llori mantuvo con los representantes de las bancadas, el 30 de agosto en Manta con los pescadores y que contó con la participación de Xavier Santos, asambleísta por Manabí quien luego cerraría el círculo. Ese día Llori ya se comprometió a exigir que el Ejecutivo promulgue el Reglamento a la Ley de Pesca.
Captura de pantalla de la cuenta del asambleísta de Manabí, Xavier Santos.
Manta es el mejor lugar para analizar con objetividad el impacto de la pesca de tiburón, si conocía que estaría allí, le hubiera pedido que vaya a la playa Tarquí de Manta y vea el impacto de la pesca de tiburones.
Ya con la intervención de Santos, entendí. No sirvieron los argumentos de la sobrepesca ni la falta de control. El asambleísta Santos dijo “no podemos resolver un problema, creando otro”. A qué problema se referirá ¿Qué no se pueden exportar sin trabas las aletas? o ¿Qué la pesca de tiburones ya les está pasando la factura a los pescadores artesanales, por la disminución de la pesca?
Los tiburones mantienen el mar sano y regulan las poblaciones de otros peces. Sin tiburones, no hay pesca sostenible.
Santos hizo un recuento de lo que ya se sabe, que no hay reglamento de la Ley de Pesca. Pidió que las autoridades del Ministerio de Producción informe sobre “las sanciones impuestas a la flota atunera y palangrera que capturan tiburones indiscriminadamente”. Es decir, Santos sabe quién y cómo se pesca el tiburón, claro es de Manabí y conoce Manta. A pesar de todo esto, Santos se opone a la regulación que no favorece a los artesaneles sino a los industriales.
También el asambleísta Santos dice que no está a favor que se pesquen tiburones, pero no parece reconocer que los controles no funcionan. “He pedido al Ministro de Producción que nos entregue el reglamento lo más pronto posible. Que de tenerlo (el reglamento) no nos tendría aquí discutiendo sobre un problema tan grave como la pesca indiscriminada de tiburones”. Los argumentos y el oficio enviado por el asambleísta Santos ha sido el caballo de batalla de la defensa de la Asamblea; en resumen, la "culpa es de los otros por no expedir el reglamento".
Lo que omite Santos, pero debe conocer bien, es que desde hace 15 años están los mismos funcionarios en diferentes puestos directivos en el Viceministerio de Pesca o la Subsecretaría de Pesca y otros en organizaciones de la industria pesquera como la ONG Tuna Cons.
Si el asambleista Santos me leyera, le diría: No señor asambleísta, el tema no es tener regulaciones, el asunto es que estas se apliquen. El reglamento a la Ley de Pesca es solo una de las muchas acciones que faltan. Si quiere tener un diagnóstico de lo que falla en la pesca en Ecuador, con mucho respeto, le invito a que lea por qué la Unión Europea puso una tarjeta amarilla al Ecuador. El problema al que usted se refiere, no se arregla en el escritorio con una normativa.
Los aleteros deben seguir festejando, saben que sin decisiones políticas y acciones concretas seguirán exportando sin freno tiburones.
Los ambientalistas han sudado la camiseta en la aprobación de la moratoria desde el 2020
Cristina Cely, médico veterinario y animalista, cuenta el proceso de plantear la moratoria temporal para la comercialización de tiburones. Cely ha participado en varias campañas en el mar con la ONG Sea Shepherd, es decir ha estado en persecuciones de barcos que hacen pesca ilegal y ha recolectado redes fantasma y documentado los impactos del palangre. Actualmente es directora de One Health Ecuador.
One Health Ecuador presentó en junio del 2020 un oficio a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Ese documento está firmado por 62 organizaciones de todo el mundo, con científicos reconocidos.
El detonante para llegar a la propuesta de moratoria fue el intento de aclarar el caso de las 26 toneladas de aletas de tiburón que se exportaron a Hong Kong como pescado seco y que hasta la fecha no tiene una sanción penal, espero que eso no prescriba. Para lograr esa carta, me contacté con especialistas en varios países del mundo, gracias a mi trabajo en defensa del mar por más de 10 años, he logrado consolidar una red mundial de contactos que me permiten obtener y analizar información.
La moratoria temporal para la comercialización de tiburones y sus partes (aletas) nació precisamente de los análisis realizados y de las recomendaciones de expertos tanto en biología como expertos en pesca. No es un capricho de “hippies abraza árboles”, son científicos, biólogos y decenas de personas que investigan y que estamos preocupados que los pescadores artesanales no se queden sin pesca.
El apoyo de los ex integrantes de la Comisión de Biodiversidad fue básico para pedir información oficial y la comparecencia de las autoridades como los representantes del ministerio de Producción que hoy son los mismos y que se negaron a participar ni entregaron la información a tiempo.
Este es un proceso que ha rebasado el interés de los grupos animalistas y ambientalistas. Es notorio como gente que no está vinculada a estas causas participa y comenta en redes sociales sobre la pesca indiscriminada de tiburones.
A pesar que no se logró que la Asamblea apruebe la moratoria, la protección de tiburones avanza con pasos firmes. Ya no es el Ecuador del 2007 cuando se promulgó el Decreto Ejecutivo 486, que permite el desembarque y comercialización de tiburones enteros, pero que no establece cual es el porcentaje de incidentalidad, es decir no hay un límite. Igual que la Ley de Pesca vigente.
En el todo el mundo se están cerrando las vías para movilizar aletas de tiburones. Muchas aerolíneas y líneas navieras no llevan este tipo de carga, por eso ahora las declaran como pescado seco. Lo que se conoce del contrabando es mínimo; en el 2018 en Perú hubo en decomiso de 45 toneladas de aletas que aún no se aclara y que está involucrada la misma empresa de las 26 toneladas de Hong Kong.
Es una lucha a largo plazo que no recibe financiamiento de ninguna organización nacional ni extranjera. He recibido apoyo de ONG en forma de asesorías legales, pero no para otros gastos. Para mí, defender los tiburones, es defender la vida, defender el mar. No tengo hijos, pero pienso que mundo dejaremos a los niños y jóvenes.
Estoy convencida que al exigir transparencia y trazabilidad de la pesca se logrará parar el negocio de las aletas. Saber dónde y qué se pesca. No podemos seguir permitiendo que sean los lobos quienes se organicen para cuidar las ovejas dejando de lado a los pastores.
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