Nadie quiere meterse con la industria forestal. El Estado no quiere. Ni si quiera los grupos ambientalistas. Esto lo tengo claro desde hace mucho tiempo cuando un personero de COMAFORS se envalentono conmigo fuera de la Asamblea Nacional. Nadie de los presentes excepto la entonces Subsecretaria de Patrimonio Natural intervino. Llegué a pensar que me iba a pegar. Mi intervención en la Comisión de Biodiversidad mostraba por primera vez datos contundentes para probar que el mercado de la madera legal e ilegal en Ecuador se cruzaban entre sí a través de una robusta red de blanqueo, en donde claro los actores más pequeños eran los que aguantaban las imperfecciones del mercado y por ende del control. Pero que entre la maquinaria que sostenía ese modus operandi también estaba la industria a la cual nadie le decía nada. El disgusto de COMAFORS fue cuando la Comisión consideró mis datos en sus decisiones y no permitieron que la agenda de la industria para desviar todo el peso de la ley a los pequeños entrará en el Código Orgánico Ambiental (COA).
El mensaje de la industria sobre el poco control del Estado al aprovechamiento no industrial, había quedado trunco al demostrar que los pequeños no desperdician más madera que otros aprovechamientos, no fulminan los derechos de las comunidades, no acaban con todos los bosques y definitivamente no cometían todas las ilegalidades. Es decir, no había el grande bueno y el pequeño malo. Hay de todo. En esta nota desentierro un tema al cual le dediqué cinco años de mi vida. Era otra vida de lodo, ríos, bosques y comunidades pero los resultados hoy más que nunca siguen siendo válidos.
En la foto a la izquiera un aprovechamiento informal realizado por una familia Kiwcha. A la derecha un aprovechamiento legal para la industria. El control no puede ser igual para ambos por más que el primero no tenga papeles por las imperfecciones del mercado y de la normativa. Fuente: Elena Mejía, Teodoro Vega y archivos personales
Al principio, yo había, de manera ingenua debo decir, intentado trabajar con el gremio forestal para conocer sus datos operativos. Entregaron a mi supervisor científico de aquel entonces un reporte de los Planes de Aprovechamiento Forestal Sustentables (PAFSU) que no pudimos publicar porque sus datos no eran corroborables debido a que eran muestras sin nombres y sin posibilidad de conocer el nombre de las empresas. Eran "confidenciales". En la investigación necesitamos datos que puedan ser verificados y replicados sin esto no se puede asegurar la metodología y por ende no se pueden usar. Yo creo que hasta la fecha siguen sin ser corroborables. Pero como se toman decisiones cada día, hace poco las reformas del Código Orgánico Ambiental reforzaron el tema del control, que sigue siendo uno de los discursos de la industria. Espero que ese control también sea para ellos. Pero me acuerdo de que a los grandes los escuda las certificaciones como la Forest Stewardship Council (FSC) y me siento como que ese personero de COMAFORS finalmente me dio un golpe en la cara.
En estos días buscaba datos para una aplicación, me topé con un trabajo de la FSC-Ecuador "Evaluación Nacional de Riesgos" donde citan mi estudio sobre madera informal e ilegal en Ecuador, es mi criterio que lo citan para justificar el estado de ilegalidad en Ecuador y la necesidad de reforzar los mecanismos de control con estos sellos. Nunca intenté que mi trabajo fuera usado de esa manera. Jamás pretendí reforzar el esquema de las certificaciones, para mí estos son mecanismos que he visto fallar a lo largo de mi carrera para comunidades y pequeñas familias. ¿Quiénes acceden a estos “labels” por su costosa aplicación? Así es, son las industrias. ¿Cómo te pueden auditar si tú mismo pagas por el sello? Habrá casos financiados por ONG de certificaciones grupales en los bosques, pero no conozco que sea una regla, más bien una excepción, cuando funcionan de manera autosustentable. En este mismo documento digo claramente que las cortas informales de pequeñas familias del bosque son menos invasivas y lo que parece malo no es necesariamente más malo que lo legal. De igual manera hago énfasis en el rol de la industria que no se menciona en este reporte de la FSC.
Cada año se gasta un buen dinero de la cooperación internacional para que las comunidades exporten productos certificados FSC ¿Lo logran de manera sostenible? Hay otras formas, por ejemplo, la Unión Europea tiene el FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) para reforzar los esquemas de gobernanza nacionales, evitar madera ilegal y mejorar las exportaciones a Europa. El FLEGT no cuesta nada ¿Por qué no participamos? Sigue siendo para mí una duda gigantesca.
Dosel del bosque en una comunidad Shuar. Foto: Elena Mejía
En fin, ¿Dónde iba con lo de la madera ilegal? Ah sí, la industria forestal. El Estado como con todo gremio ha diseñado mecanismos de financiamiento y soporte. Sin embargo, no tenemos datos certeros de cómo se han usado esos recursos por parte de la industria para mejorar la situación del recurso bosque según lo que estipula la normativa.
Algunos dirán que existe el Sistema de Administración Forestal (SAF) del Ministerio del Ambiente y Agua, pero como dije antes, siendo que lo legal e ilegal se mezclan, no hay 100% de certeza en el dato administrativo que se rellena en este sistema. Me gusta el SAF no lo duden, es mejor que no tener nada. Por ejemplo, lo que si nos dice el SAF es que una de las especies más aprovechadas de la selva amazónica es la Cedrelinga cateniformis, seique o chuncho en Ecuador; o tornillo en Perú (porque también lo estudié en Perú, pero ese es otro tema). Lo que me dice mi experiencia es que al menos el doble de lo que el SAF reporta de esta especie se aprovecha debido a qué es posible cambiar las especies de las guías de movilización.
El Seique, una especie de crecimiento lento, apareció en mi pantalla hace dos semanas en un anuncio de la empresa EDIMCA: “15% de descuento desayunador de seique” llamé inmediatamente al número para preguntar si era aglomerado con color de seique o era madera dura y pura de Seique. El vendedor confirmó que es madera tablón duro dimensionado. Estoy segura que la madera no es ilegal. Como no es ilegal exportar aletas de tiburón (Lean la otra nota de Bitácora). Como investigadora me pregunto si acaso existen plantaciones de esta especie, la respuesta de personas anónimas con conocimiento de causa fue que no lo suficientemente grandes para un aprovechamiento. Lo que sí sé, es que EDIMCA compra madera de bosques sustentables certificados por FSC a Endesa Botrosa y Aglomerados Cotopaxi (como se ve en en la foto). De manera muy sutil se da a entender que los productos están certificados, pero no es así. Estos productos no tienen una cadena de custodia lo suficientemente fuerte como para ser certificados por la propia FSC. Lo que está certificado es el bosque nativo de dónde sale esta madera. (Lean las letras pequeñas)
Pero ¿Qué grupo ambientalista reclamó o reclama por el seique? Cero. Por lo que, sí armaron un revuelo, en medio de la pandemia y a inicios de este año, fue por la balsa en la Amazonía. La balsa, una especie que crece mayoritariamente en los realces o regeneraciones y en bosques ni secundarios sino descampados porque necesita de mucha luz. Una especie que no está en peligro de extinción. La balsa, junto al pigue es una alternativa de ingresos en la Amazonía. Sino lean a Ann Larson et al. La balsa, una especie por la que no se tiene que hacer un plan de manejo sino solo pedir permiso de movilización. Por ese sí reclamaron. Salió en los diarios El Comercio y Expreso, en el primero sin analizar el cómo y en el segundo solo detallando el beneficio económico por exportar. Se trató en el programa del Mono López otro medio que ni de lejos investigó (yo lo escucho por que otros temas sí hace bien). Circuló en redes sociales de las que formo parte. En fin, fue tal la presión que el Ministerio de Agricultura y Ganadería sacó un incentivo a las plantaciones de balsa en la Costa para evitar que el mercado se llene de balsa amazónica "deforestadora". Y que el Ministerio del Ambiente y Agua detuviera, multara y llevara a la cárcel a algunos transportistas de balsa.
Entonces y me van a disculpar mis colegas de grupos ambientalistas que estimo y valoro por su trabajo, pero cabe preguntarse ¿La agenda de quién están auspiciando? Nadie se mete con la industria, pero es la que mejor parada salió de esto.
No me tomen a mal quienes trabajan en la industria. Por mi experiencia en cadenas de valor inclusivas puedo decir que estoy a favor de una industria sostenible basada en los medios de vida y las opciones de bioceconomía y el uso de cierta tecnología con límites. En especial en la Amazonía donde no existe industria y donde las alternativas de trabajo son pocas o nulas para miles de jóvenes indígenas y mestizos y jóvenes mestizas. Y donde el dinero del Estado en vez de usarse para crear este tipo de iniciativas que necesitan inversión y tecnología, lo usa para construir caminos a diestra y siniestra sin planificación (Caminos que degradan ríos por material pétreo, pero ese también es otro cuento). Por ejemplo, apoyo que los fondos internacionales fomenten una industria de fertilizantes, probióticos y bioles orgánicos con un portafolio de negocio robusto e investigación detrás para que puedan competir.
Apoyo una industria de suplementos alimenticios basados en las plantas que se comercian a diario en los mercados locales de Lago Agrio y Coca. Ya que tomamos vitaminas ¿Por qué no? un producto local. Abogo por una cadena de valor para los frutales amazónicos que desaparecen a vista y paciencia ante otros cultivos y el cemento, frutales como el morete que además de quienes crecimos en la Amazonía, pocos deben saber lo que es y lo increíble que resulta como un superalimento. Pero no, promovemos lo mismo de siempre y los resultados son pues los de siempre.
Animales menores generan dinero en familias Kiwcha y Shuar además de la venta de madera. La corta de madera permite completar los ingresos paupérrimos de estas familias. En tanto se les nombra "guardianes del bosque" venden la madera para pagar por medicamentos o la educación de su familia. Foto: Elena Mejía
Ayer volvía de visitar a mi padre en el oriente y en la carretera encontré varios camiones en fila con ¿adivinen qué? seique y otras maderas que llegaban del Coca al Puyo. Llegaban en regla, de manera aparentemente legal. En rollo para la industria. Pero que importa como llegue esa madera, legal o ilegal, si es una especie que se está degradando del bosque nativo. Si, algo podemos concluir de tantos estudios que se realizan es que, sea como sea, que salga la madera nadie está trabajando en la restauración de estas especies ni sus hábitats. Y no hablo de reforestación, sino de restauración. O sea, solo sacamos y no reponemos. Existen plantaciones incentivadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería jóvenes aún y no tantas. El INIAP también ha investigado la diversidad genética. Pero no tenemos investigación robusta para definir si estamos haciendo lo correcto.
Que la madera legal permite que esos predios se regeneren por sí solos ¡pamplinas! Solo usando Google Maps podemos ver que el camino de esos predios es a la agricultura y en otros casos a los cultivos extensivos. Hay suficiente investigación que también corrobora mi observación. Puedo afirmar que las cortas informales de las familias Kiwchas y Shuar sin ninguna certificación costosa son más sostenibles que las que tienen un permiso de aprovechamiento. Pero aquí, en nuestro país, nadie reclama lo que se tiene que reclamar. Nadie reclama a quien se tiene que reclamar. Nadie lee, ni se informa bien. En lugar de esto se crean incentivos de mercado y normativos que como dijo la canción "le dan más poder al poder". Escribo esta reflexión, porque espero que la próxima vez que algún colectivo quiera reclamar por algo digan: Yo reclamo por el seique, porque nadie más lo hace. Estaré ahí para apoyarles con datos, con investigación y con trabajo de campo.
Fila de camiones con madera proveniente del Coca, sus conductores descansaban en Arrosemena Tola, el destino final es una planta industrial maderera en Puyo. Foto: Teodoro Vega.